Las Juntas Directivas de la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) y de Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) muestran su enérgica repulsa a las medidas tomada por la Empresa Serral Organización y Gestión de Archivos y Bibliotecas S.L. en el día de ayer, suspendiendo de empleo y sueldo por 60 días al trabajador Ariel Brito Jiménez. Es indignante que una carta con este contenido llegue en un burofax a un compañero que lleva en los últimos meses retrasos en los pagos.
La empresa, por su parte, en uno de los puntos de ese escrito alega que Ariel Brito, por medio de la Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria ha desprestigiado y perjudicado públicamente en medios de comunicación a dicha empresa dando a entender que la denuncia se efectúa abusando del privilegio que tiene como presidente de la Asociación.
Queremos manifestar y reiteramos enérgicamente y sin ambages que todas las manifestaciones que ha vertido Abigranca en diferentes medios y redes sociales, denunciando las medidas tomadas por dicha empresa, obedecen a una decisión del colectivo como tal y no solamente de la persona que la preside. Abigranca es una asociación que nació con el fin de defender la dignidad de la profesión y por ende de los trabajadores del gremio, los cuales pagan religiosamente sus cuotas, dinero que se utiliza para la formación y el reciclaje de sus socios para estar al día en el mundo de las bibliotecas, oficio siempre en emergente transformación.
Cualquier bibliotecario/a, sea o no miembro de las asociaciones, merece nuestro apoyo sin fisuras. En este caso, consideramos que se ha producido un trato injusto y desproporcional por la forma en cómo se han producido estos hechos y los momentos puntuales en el que se han llevado a cabo los mismos.
Sabemos que ambas partes están en litigio y respetaremos las decisiones judiciales que se produzcan en el futuro. Quizá estas situaciones no sucederían si tuviéramos un marco legal que nos ampare. Ese marco desgraciadamente no existe de momento. Seguimos siendo la única Comunidad Autónoma sin ley de bibliotecas y aunque la legalidad no siempre se traduzca en justicia, seguiremos luchando porque se encuentren y compadezcan. Es por ello por lo que no vamos a dejar de ejercer nuestro derecho a la opinión, a la denuncia e incluso la queja, individual o colectiva, todos ellos elementos de legítima defensa ante el abandono y desprotección que llevamos sufriendo las bibliotecas, sobre todo las públicas, y su personal por algunas instituciones de nuestras islas permitiendo actuar sin control alguno a estas empresas externas.
Las Palmas de Gran Canaria-San Cristóbal de La Laguna a 24 de octubre de 2017.