Probit rechaza el Canon de préstamo en las Bibliotecas Públicas en las radios locales

Posteado por María Cruz, lunes 29 de septiembre de 2014

Partiendo de la idea de que el Gobierno español considera que los servicios de las Bibliotecas Públicas restan ingresos a los autores, se ha aprobado una normativa que las obliga a pagar unas tasas por los servicios de préstamo desde el pasado 1 de agosto que se aprobó el Real Decreto 624/2014 de 18 de julio.

A raíz de esto las críticas no se han hecho esperar en todo el territorio español al considerarlo inapropiado e injusto para las Bibliotecas dado que resulta bastante irónico que estas instituciones sean castigadas por ejercer la labor que tienen encomendada: satisfacer las necesidades de la población en materia de formación, cultura y ocio. El canon castigará de forma especial a aquellas bibliotecas más dinámicas, aquellas que tengan mayor número de préstamos y de usuarios.

La consecuencia más triste de este Real Decreto es que habrá menos recursos para el sostenimiento de una biblioteca pública puesto que serán los Ayuntamientos quienes deban afrontar este nuevo gasto sumado a los exiguos presupuestos de los mismos para las Bibliotecas Públicas.

No tiene sentido hacer caja a través de éstas, ya que son servicios básicos que cumplen una función social y democratizadora. Lo rechazamos porque lo consideramos una legislación que no supone ningún beneficio para nadie, ni para los propios autores porque ¿perjudica realmente a un autor que su libro esté disponible para el préstamo en las Bibliotecas Públicas? y ¿por qué deben pagar las bibliotecas derechos de autor que ya han expirado?

A continuación compartimos varias entrevistas realizadas en la radio al grupo de coordinación de Probit: Paqui Rivero y Yurena González

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Entrevista a Paqui Rivero de Probit

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Entrevista a Yurena Gonzalez de Probit

Es un grave error entender al usuario de una Biblioteca como un cliente, porque no lo es. Es un ciudadano que paga sus impuestos contribuyendo a crear un lugar  democrático, pagado por todos y al servicio de todos. Una medida injusta, que significa un intento de desfavorecer el sistema bibliotecario canario, haciendo más daño aún en nuestra Red de Bibliotecas Públicas. Un decreto injusto para la sociedad y para nuestro trabajo, conduciéndonos hacia un abismo con políticas que solo tienen en cuenta la remuneración económica.

Nosotros entendemos que un libro cambia la vida de un lector, pero una Biblioteca Pública es capaz de revolucionar un barrio, un pueblo y hasta una ciudad contribuyendo en el fomento de la lectura y  en ciudadanos libres y críticos.

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La Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria (Abigranca) y Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife (Probit) se oponen al Real Decreto que establece el pago por préstamo en bibliotecas.

forges-biblioteca-canon-libros-sociedades-gestionLas Palmas de Gran Canaria – Santa Cruz de Tenerife, 15 de septiembre de 2014. El 1 de agosto se publicaba en el BOE el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. En otras palabras, las bibliotecas públicas -o mejor dicho, las instituciones de las que dependen- tendrán que pagar por los préstamos realizados en sus instalaciones.

Este canon establece dos tipos de remuneración: 0,004 € por el número de obras objeto de préstamo con derechos de autor y 0,05 € por cada usuario inscrito que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante el año correspondiente.

Las administraciones de las que dependen las bibliotecas, corporaciones locales en la mayor parte de los casos, tendrán que hacer frente a esta retribución que saldrá de los exiguos presupuestos destinados a estos centros. La consecuencia directa es que cada vez habrá menos recursos para el sostenimiento de las bibliotecas: menos dinero para el mantenimiento, la mejora o la creación de nuevos centros, para la adquisición de novedades bibliográficas, para el desarrollo de planes de fomento de la lectura, para la realización de actividades culturales, etc.

Resulta irónico que este Real Decreto penalice a las bibliotecas por ejercer la función que tienen encomendada, esto es, satisfacer las necesidades de la población en materia de formación, información, cultura y ocio. Nos parece escandaloso que cuanto mejor funcione una biblioteca, cuanto más uso, usuarios y préstamos tenga, más deberá pagar. Es decir, que cuanto más activa sea en su comunidad vecinal mayor será el castigo que reciba.

El Gobierno central se ha apresurado a afirmar que los usuarios de las bibliotecas públicas no van a pagar de su bolsillo por la remuneración a los autores, pero esto no es del todo cierto ya que el importe del canon saldrá de los impuestos de todos. Creemos que es un error concebir al usuario de una biblioteca como un cliente, porque no lo es. Es un ciudadano que invierte sus impuestos es un espacio democrático y cultural, al servicio de todos y pagado por todos.

Desde Abigranca y Probit rechazamos de forma contundente este Real Decreto por considerarlo injusto e inapropiado, varias son las razones que apoyan nuestra postura:

• El Real Decreto es una transposición de una Directiva Europea de 2006 que obliga a los países de la Unión Europea a cobrar a las bibliotecas por el préstamo de documentos. Difícilmente podemos compararnos con nuestros socios continentales ni en presupuesto, ni en instalaciones y mucho menos en hábitos lectores, aunque parece que sí tenemos que equipararnos en obligaciones.

• La remuneración por usuario (una de las dos que contempla el canon) incluye a todas aquellas personas que se hayan llevado libros a casa, incluso cuando se trate de obras no protegidas por derechos de autor. Imaginemos que un usuario sólo se lleva en préstamo las obras de Cervantes, Calderón de la Barca, Dickens o Benito Pérez Galdós, ¿por qué tendrían que pagar las bibliotecas por derechos que han expirado?

• Las bibliotecas ya pagan derechos de autor cada vez que compran un ejemplar de cualquier obra. Por consiguiente, el canon significa pagar dos veces por el mismo concepto.

• Las entidades de gestión de derechos, como Cedro, gestionarán el pago a cada autor. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte deja en manos de una entidad privada la gestión del canon y los autores no recibirán el dinero directamente. Mucho nos tememos que una buena parte de los ingresos se quedará por el camino.

• Las bibliotecas no son una amenaza para los escritores sino que colaboran con ellos divulgando y promocionando su trabajo con interesantes programas de animación y fomento de la lectura. Actividades con las que una biblioteca es capaz de cambiar un barrio, un pueblo y hasta una ciudad fortaleciendo el trabajo de los autores entre la sociedad y creando ciudadanos críticos y libres. En el informe Primera oleada sobre el panorama del libro en España de noviembre de 2013 los propios autores y editores, entre otros profesionales del sector, asumían que las bibliotecas eran uno de los pilares fundamentales para el sector del libro en España.

Para colmo de males, las bibliotecas públicas canarias no viven su mejor momento. Al brutal descenso del presupuesto que aporta el Estado tenemos que sumar la exigua aportación del Gobierno de Canarias. El archipiélago está por debajo de la media nacional en número de documentos por habitante, en adquisiciones por cada 1.000 habitantes y en índice de población lectora. Desde el año 2008 hasta el 2012 (último del que se tienen datos estadísticos) en Canarias ha disminuido el número de bibliotecas, los municipios con equipamiento de este tipo y los profesionales empleados. La gota que colma el vaso y que debería avergonzar a más de un representante público es que Canarias es la única Comunidad Autónoma del Estado que no dispone de legislación de ningún tipo en materia de bibliotecas.

No tiene sentido querer hacer caja a través de las bibliotecas, ya que son servicios públicos básicos que cumplen una función social y democratizadora de primer orden, más aún en la época de crisis económica en la que estamos inmersos. Nos encontramos ante una mala legislación que no supone ningún beneficio ni para los ciudadanos, ni para los autores, tan solo para las entidades de gestión, y que lo único que hace es añadir más obstáculos y dificultades en el acceso a la cultura.

Enlace al Real Decreto: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8275